El Ecofin actualiza la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, a través de nota de 8 marzo, han incluido en la lista «negra» de paraísos fiscales del bloque comunitario a Bahamas, Islas Vírgenes Americanas y San Cristóbal y Nieves. La lista original, publicada en diciembre de 2017, incluía 17 jurisdicciones, e instaba a otros territorios, entre los que se encuentran los ahora incluidos, a adoptar compromisos en materia de transparencia, justicia fiscal y la implementación de las medidas incluidas en el plan BEPS. Tras las nuevas incorporaciones y la salida de Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall, la lista contiene 9 territorios.

Tal decisión ha venido motivada por distintos motivos dependiendo de los territorios en cuestión. En el caso de Bahamas, el Ecofin mantiene que dicho territorio facilita las estructuras opacas y los acuerdos dirigidos a atraer beneficios sin una sustancia económica real. En el caso de San Cristóbal y Nieves, califica su régimen fiscal como preferencial perjudicial, al igual que en el caso de las Islas Vírgenes.

Por otro lado, su lista “gris” también ha sufrido modificaciones, y tras los compromisos de Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall para implementar los principios fiscales de buen gobierno, éstos han pasado a formar parte de la misma.

En todo caso, sigue sin existir unanimidad entre países y organizaciones en cuanto a qué países han de ser considerados como paraísos fiscales, al aplicar cada uno de ellos sus propios criterios de valoración. A título ilustrativo, la OCDE, quien liga el concepto de paraíso fiscal a la transparencia y al intercambio de información, únicamente señala a la república caribeña de Trinidad y Tobago, mientras que España, con una lista en vigor desde 1991 y cuyo contenido puede tildarse de desfasado, señala a 48 territorios. Si bien cabe anticipar cambios en la lista española a la luz de las modificaciones europeas, la situación actual revela cierta inseguridad jurídica y una necesidad de criterios más uniformes entre los diferentes entes reguladores.