Desde la publicación de la Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la mediación juega un papel cada vez más importante dentro de los procesos judiciales, configurándose como un modelo alternativo de resolución de conflictos, capaz de adaptarse mucho mejor a las circunstancias de cada caso.

El proceso de mediación deja atrás la idea de ganador y vencido, en él las partes buscan de buena fe llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses, una solución intermedia. El mediador no es un tercero en discordia que determine quién tiene la razón, sino que dirigirá el proceso ayudando a las partes a reestablecer el diálogo, marcando los turnos de intervención y fijando cada uno de los acuerdos a los que se llegue. Es un proceso voluntario y confidencial basado en la buena fe de las partes, que deciden someterse al mismo porque están dispuestas a llegar a un acuerdo.

Este nuevo modelo de resolución de conflictos aporta ventajas como eficacia, rapidez en la resolución de los casos, mayor agilidad y costes más bajos. Permitiendo así reducir la carga de trabajo judicial, ya que se evitan muchos procedimientos y se resuelven algunos ya iniciados, fomentando el ejercicio profesionalizado de las funciones de mediador.